martes, 16 de agosto de 2011

MANIFIESTO POR LA TIERRA Y LA PAZ "EL DIALOGO ES LA RUTA"


 MANIFIESTO POR LA TIERRA Y LA PAZ -         EL DIALOGO ES LA RUTA –


Los miles de asistentes alEncuentro nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de ColombiaEl diálogo es la ruta, realizado en Barrancabermeja del 12 al 14 de 2011 declaramos frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional:

1.  Hemos concluido nuestro encuentro con un balance de pleno éxito. Los propósitos que nos trazamos de  analizar la situación del país se han cumplido con creces. Hemos  considerando de manera específica nuestras preocupaciones por el futuro de nuestra tierra, nuestro territorio y nuestros recursos, por la democracia, la situación y la garantía de nuestros derechos, así como   del estado de la guerra y las posibilidades de una solución política.

2.  Estos resultados, son expresión de una multitudinaria manifestación y aspiración ciudadana,  que se ha realizado en forma pública y ha sido transmitida por medios  de comunicación. Los frutos de este encuentro son producto exclusivo de nuestro sacrificio y esfuerzo colectivo y anhelo por encontrar caminos para la paz.

3.  Agradecemos el acompañamiento de la Iglesia, de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Barrancabermeja, así como de la Comunidad internacional, especialmente de algunas de sus organizaciones comprometidas con las causas de los derechos humanos y de la paz. Su concurso ha sido del mayor significado.

4.   Manifestamos nuestro rechazo frente a las políticas gubernamentales que durante la última década se han venido implantando en el país para promover un modelo económico que propicia la explotación intensiva de nuestra tierra y recursos naturales , favorece a las empresas transnacionales y los grupos económicos, acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio, estimula nuevos procesos de expropiación,  despojo y de desplazamiento forzado, deteriora radicalmente  los procesos sociales y compromete nuestras condiciones de soberanía y seguridad alimentaria. Este modelo económico  destruye  la economía campesina, los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes y produce  un escalamiento  de  la dinámica del conflicto social y armado que agobia a nuestro país.

5.  Expresamos nuestra  preocupación frente  al proyecto gubernamental de Ley general de tierras y de desarrollo rural, la ley de víctimas y de restitución de tierras y el Plan Nacional de desarrollo, porque no garantizan los derechos de los colombianos y  favorecen el   actual modelo minero energético  no beneficioso para el medio ambiente y para el pueblo colombiano.

6.  Afirmamos nuestro apoyo al proyecto de Ley de Reforma agraria integral, presentado por las organizaciones campesinas, construido por la Mesa de Unidad Agraria, y presentado en este encuentro, por considerar que él recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana, y demandamos de la sociedad su más amplio respaldo.

7.  La democracia en nuestro país y la generación de mejores condiciones para hacer efectivos y garantizar nuestros derechos demanda un nuevo modelo que posibilite el uso de nuestros recursos y riquezas, superando las profundas desigualdades económicas y sociales, en función del buen vivir de nuestra población.

8.  Nos preocupa que pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del gobierno actual y a sus manifestaciones acerca de que la llave de la paz no estaría extraviada, es evidente que la pretensión de la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental y responde a un equivocado concepto de "paz de vencedores y vencidos”. La historia del conflicto colombiano nos muestra que las soluciones militares no conducen a la paz. Por tanto,   no podemos continuar atrapados por la perspectiva de un escalamiento de la guerra y de una creciente intervención militar extranjera. No queremos continuar nuestras vidas con la permanente amenaza de las bombas y las balas. Es hora de ponerle fin a la guerra. La solución política se constituye en una necesidad.

9.   Somos conscientes que la perspectiva de la solución política posee muchos enemigos, especialmente aquellos que se benefician  del estado de cosas existentes y de la sociedad de privilegios que les sirve de sustento. Desactivar la guerra desfavorece, además, a quienes han hecho de ella un negocio lucrativo. Los colombianos tenemos el derecho a propiciar conscientemente la generación de nuevas condiciones para emprender el camino que pueda conducir a un trámite distinto del  basado en el ejercicio de la violencia-de manera que los conflictos que le son inherentes a nuestra sociedad, puedan transitar por la vía del dialogo la justicia social y la paz.  

10.   Tenemos la convicción acerca de la necesidad de avanzar en la concepción y materialización de una ruta de la paz, que tenga como próxima meta  la conformación de un movimiento de alcance nacional con apoyo internacional con el  mandato expreso de promover  la construcción de la paz con justicia social y la solución política al conflicto social y armado. Caminar en esa dirección demanda la generación de un clima favorable. Es urgente trabajar todos juntos para consolidar una cultura de la paz. Consideramos que  las partes comprometidas de manera directa en la confrontación deberían contemplar como gesto mutuo frente a la sociedad colombiana un cese bilateral de hostilidades, que abra la posibilidad del diálogo. Igualmente, la consideración de compromisos y acuerdos humanitarios que permitan parar la violencia contra la población civil y todos los crímenes atroces.

11   Las declaraciones generales sobre la paz y el dialogo son insuficientes y muchas veces se han acompañado de escalamientos en la guerra. Por ello este Encuentro exige gestos y hechos de todas las partes que signifiquen respuestas positivas a los reclamos de la población, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes: alto al desplazamiento forzado y al despojo; respeto incondicional a los derechos de los niños, niñas y mujeres, garantía y respeto a los derechos de las víctimas; no militarización de los territorios, respeto a la autonomía de los pueblos indígenas. Parar la guerra y construir la paz. Es la hora de la solución política.

12. Necesitamos hacer realidad la idea consistente en que el diálogo es la ruta. Materializar ello implica, sobre todo, las más amplia participación social y popular. La solución política no puede ser un asunto de competencia exclusiva de las partes comprometidas de manera directa en la contienda militar. “Todas las voces todas, todas las manos todas”, de este país requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que nos permitan avanzar hacia la paz con justicia social. Ello supone una ardua tarea de organización, politización y movilización social, que deseamos asumir con todos aquellos que estén dispuestos a acompañarla, y que se suma a todos los esfuerzos e iniciativas sociales y populares que a través de diferentes vías y mediante variadas expresiones organizativas se vienen desarrollando en el país. Ese espacio se debe construir y ampliar garantizando el respeto a las organizaciones sociales y a su autonomía. Su punto de partida se encuentra en las innumerables manifestaciones de la acción colectiva social y popular, en los diferentes procesos organizativos que con enfoques distintos y diversas perspectivas políticas se han venido gestando en nuestro país durante los últimos años.

13.  Proponemos que todos esos esfuerzos, articulados entre sí y sumados a otras expresiones de la organización social en el ámbito local o atendiendo preocupaciones sectoriales, étnicas, o de género, confluyan en la preparación y realización de constituyentes regionales,  espacios de soberanía popular y participación ciudadana, concebidos como mecanismos de construcción de paz y justicia social y por la solución política. Su diseño, debe de posibilitar la consideración de la problemática general del conflicto y sus salidas, así como el abordaje de las respectivas especificidades regionales. Estos procesos  suponen la participación activa y directa de los más amplios sectores sociales, atendiendo su diversidad y pluralidad, y debe ser conducente a la definición precisa de mandatos regionales.

14  Estas dinámicas  representan espacios de confluencia hacia una Asamblea nacional de Constituyentes y procesos  regionales por la paz. De la asamblea debería  salir un  mandato nacional por la solución política y la paz con justicia social, con su correspondiente definición programática y de acción política. Todo este esfuerzo tiene una posibilidad más cierta si logra acompañarse de la comunidad internacional

15 Las conclusiones de este encuentro, producto de nuestra ardua labor en diferentes mesas de trabajo, así como esta declaración política, serán entregadas a la sociedad colombiana, al  Gobierno central y demás poderes del Estado, así como a las guerrillas de las FARC-EP y del ELN, con el fin de hacer expresa nuestra voluntad y aspiración porque se exploren con urgencia acciones tendientes a desatar el nudo de la confrontación y avanzar hacia la solución política y la paz. Estamos convencidos que ese es el sentir creciente del pueblo colombiano: Vivir en paz con justicia social.

16.         Invitamos a todas las organizaciones participantes a impulsar y participar en los diferentes escenarios e iniciativas para seguir fortaleciendo las apuestas de este encuentro.


ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS, INDÍGENAS, AFRODECENDIENTES POR TIERRA Y LA PAZ DE COLOMBIA.

EL DIALOGO ES LA RUTA
BARRANCABERMEJA 14 DE AGOSTO DE 2011

viernes, 17 de junio de 2011

8 y 9 de Junio Conmemoración dia del estudiante revolucionario


El 13 de marzo de 1.909, los estudiantes se movilizaron contra el presidente Rafael Reyes; la respuesta de su gobierno fue la declaración del Estado de Sitio y el encarcelamiento de los dirigentes estudiantiles.

En la década de los años 20, el estudiantado colombiano se vio claramente atravesado y dinamizado por los postulados del “Manifiesto de Córdoba”, que cobro vida el 12 de junio de 1.918.

Para el año 1.929, mas exactamente el 7 de junio, los estudiantes marcharon por las calles en repudio a la “masacre de las bananeras” y al nombramiento del General Cortés Vargas, como jefe de policía de la ciudad de Bogotá, quien fue el responsable de dicha masacre.

Al arribar la marcha cerca del Palacio Presidencial, la multitud fue reprimida con el funesto resultado de la muerte del estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, Gonzalo Bravo Pérez cuando se dirigía al Café Capitolio una bala de la guardia presidencial lo alcanzó por la espalda.

Una gran manifestación acompañó a su última morada los restos del estudiante, y la magnitud de las protestas lograron la destitución y procesamiento del teniente Cortés Vargas, de los Ministros y militares involucrados.

Desde entonces, el 8 de junio se convirtió en una fecha conmemorativa de uno de los mártires del movimiento estudiantil colombiano y en el año de 1.954, en el marco de su Vigésimo Quinto aniversario, los estudiantes de la Universidad Nacional realizaron una marcha pacífica desde la ciudadela universitaria hasta el palacio presidencial. Durante el recorrido, se presentaron choques con la policía, pero finalmente la marcha pudo continuar hasta el centro de la ciudad.

Cuando los manifestantes volvían a la sede universitaria, inesperadamente, apareció la fuerza pública y un barrido de fusil apagó la vida del estudiante Uriel Gutiérrez.

Al día siguiente, 9 de junio, los estudiantes salieron a protestar por el fatídico hecho del día anterior, cuando estos avanzaban por la carrera séptima, en recorrido al palacio presidencial, surgió la orden de disolverse; en ese instante, los estudiantes se sentaron pacíficamente en los andenes y algunos pronunciaron consignas y discursos. De un momento a otro, se escucharon las descargas de las carabinas punto 30 traídas de la guerra de Corea, siendo disparadas por el ejército contra los estudiantes, 11 de ellos murieron y cerca de cincuenta quedaron heridos. Entre los fallecidos se encontraban: ÁLVARO GUTIÉRREZ, ELMO GÓMEZ, HERNANDO MORALES, RAFAEL CHÁVEZ, JAIME MOURE, HERNANDO OSPINA, HUGO LEÓN y JAIME PACHECO.

Para el 10 de mayo de 1.957, el movimiento estudiantil fue una de las principales fuerzas del movimiento cívico que propició la caída del General Rojas Pinilla, por lo cual fueron elogiados como “héroes de la democracia”.

En el Gobierno de Julio Cesar Turbay, por el año 1.978, es creado el estatuto de seguridad, que permite a la fuerza pública encarcelar a quien porte libros sobre socialismo o de ideas progresistas; en esta época, muchos estudiantes fueron perseguidos y algunos desaparecidos.

Cincuenta años mas tarde la muerte de los estudiantes de mitad de siglo, los estudiantes sobrevivientes, con unos cuantos años encima, en el 2.004, se congregaron en el lugar de la masacre para conmemorar esta fecha e instalar una placa en homenaje a los mártires estudiantiles.


La historia del movimiento estudiantil Colombiano esta llena de luchas y mártires que han ido surgiendo a lo largo del camino; por ello, es muy importante que no dejemos de recordarlos, que revivamos esas ideas a través de nuestros actos, de nuestros hechos y no dejemos morir el legado que nos dejaron!    

Un saludo efusivo y fraterno para el Estudiantado Colombiano